Parte I. Factores que subyacen a la violencia criminal y al desplazamiento causado por grupos criminales
Localización de la violencia
Muchos de los países más afectados por la violencia relacionada con grupos y redes de delincuencia organizada tienen antecedentes históricos violentos, que pueden incluir represión política reciente, guerras sucias o conflictos civiles, o dominio colonial en el pasado. La violencia vinculada a grupos delictivos está especialmente extendida en México, el norte de Centroamérica y partes del Caribe y Sudamérica. Aunque algunos países y ciudades se ven más afectados que otros, las zonas más afectadas suelen ser las más marginadas y desfavorecidas, aunque algunas pueden considerarse estratégicamente atractivas para las actividades delictivas (como el tráfico o producción de drogas o zonas fronterizas para el contrabando) o cuentan con recursos de interés económico. En los países y ciudades que se consideran afectados por las redes y grupos de delincuencia organizada -por ejemplo, México y San Pedro Sula en Honduras-, algunas zonas son seguras y relativamente poco afectadas, otras moderadamente afectadas, mientras que otras se ven afectadas por niveles extremos de violencia. En este sentido, más que por sus ubicaciones geográficas concretas, las zonas más afectadas por las actividades delictivas suelen distinguirse por sus características demográficas -como lugares de exclusión social y falta de presencia efectiva del Estado- o por su importancia estratégica para los grupos delictivos.
La dinámica local y los cambios políticos pueden dar paso a picos violencia que pueden ser repentinos, imprevistos talvez y volátiles, y a incursiones en zonas anteriormente menos o nada afectadas. Es el caso de las incursiones de grupos criminales en zonas o mercados nuevos, o cuando luchan entre sí por controlar territorios, actividades económicas o mercados ilícitos locales. También pueden haber, al interior de los grupos criminales organizados, desavenencias o luchas por el poder o cambios de actividad, que afecten con nuevos o mayores niveles de violencia a ciertas zonas, provocando el desplazamiento de familias, hogares y comunidades e incluso incidentes de desplazamientos masivos, la consiguiente ruptura del tejido social y «ciudades fantasma» abandonadas. Recientemente ha habido aumentos significativos de violencia de bandas en Haití, Trinidad y partes de Ecuador y México.
La violencia de bandas se disparó en Haití desde 2021 en medio de la inestabilidad política, sobre todo en la capital, Puerto Príncipe, causando niveles extremadamente altos de violencia y homicidios y el colapso de servicios esenciales. Un millón de personas han huido de la violencia, aunque en condiciones de desplazamiento terribles, siendo los desplazados internos vulnerables a nuevos actos de violencia -especialmente de género- y al desplazamiento secundario. En Ecuador, además de los desplazamientos causados por la violencia de las bandas, la extorsión y el reclutamiento forzoso, miles de hogares han sido desplazados forzosamente cuando grupos criminales se apoderan de sus hogares para establecerse allí, tanto ellos como sus operaciones.(1) La violencia y los desplazamientos han aumentado recientemente en el estado de Chiapas, en el sur de México, a medida que los grandes grupos delictivos -en especial el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación- luchan por el control de zonas estratégicas para el tráfico ilícito, en una región a la que también afectadan conflictos por recursos naturales. Las desavenencias entre dos entidades del cártel de Sinaloa en la segunda mitad de 2024 han provocado un estallido de violencia extrema en el estado mexicano de Sinaloa con el consiguiente desplazamiento generalizado de personas y comunidades, al enfrentarse los grupos entre sí y con las fuerzas de seguridad estatales.
Motores subyacentes y factores estructurales
Uno de los principales factores subyacentes a la creación de grupos delictivos violentos es la falta de presencia efectiva del Estado, desde las perspectivas de seguridad y provisión social. Esto crea vacíos en que los grupos delictivos pueden establecer y afirmar su autoridad, imponiéndola con violencia. En este contexto, dichos grupos usurpan elementos clave que normalmente monopoliza el Estado: el uso de la fuerza, los impuestos y el comercio transfronterizo.
El establecimiento de grupos delictivos violentos tiene raíces profundas en la falta de presencia efectiva y servicios del Estado en comunidades relegadas, así como en la marginación y exclusión política, económica y social de las personas que allí viven, especialmente los jóvenes. La pobreza, falta de oportunidades, inseguridad laboral, sumadas a inequidades y desventajas arraigadas, hacen también que las personas sean vulnerables al involucramiento en actividades delictivas como estrategia de supervivencia, tanto por razones económicas como de protección, y esto puede verse agravado por la desintegración familiar o la ausencia de los padres por trabajo o emigración. En este contexto, además de encontrar oportunidades de reclutamiento, los grupos delictivos pueden convertirse en importantes actores sociales, prestando a las comunidades servicios que el Estado no ha podido entregar. Esto puede abarcar desde prestaciones de salud, vivienda y empleo en Sinaloa (México) hasta el control de los servicios básicos en el norte de Centroamérica.
Las actitudes patriarcales y los estereotipos de género contribuyen al machismo extremo de los grupos delictivos organizados y a las intersecciones de la violencia de las bandas con la violencia de género y la violencia por razones de sexualidad e identidad de género. En este contexto, los niños y hombres jóvenes son los más vulnerables al reclutamiento forzoso y al homicidio. Las bandas consideran a las mujeres y niñas en su territorio como su «propiedad»; utilizan sistemáticamente la amenaza o ejercicio de violencia sexual, tortura sexual y violación para aterrorizar y controlar, castigar la «desobediencia» y forzar el acatamiento, y explotan y abusan sexualmente a menores.
Aunque el acceso a mercados y actividades ilícitas -como el tráfico de drogas, armas y personas, fabricación de drogas, mercados locales de estupefacientes y contrabando de personas- resulta atractivo para los grupos criminales sus actividades no se limitan a ellos, y el conceptualizarlos únicamente así no favorecería el desarrollo de respuestas eficaces. Las bandas extorsionan de forma generalizada en las zonas bajo su control territorial, y los grandes grupos delictivos de México también recaudan cuotas, conocidas como “piso”, por el tránsito de mercancías lícitas e ilícitas a través de su territorio, o como pago por parte de grupos más pequeños que llevan a cabo determinadas actividades delictivas en él. Grupos delictivos participan en forma creciente en actividades comerciales aparentemente legítimas -como cría de ganado, extracción de madera y explotación de recursos naturales- para blanquear dinero y generar ingresos.
El papel del Estado
Aunque los perpetradores de violencia criminal son actores no estatales, no hay que subestimar el papel del Estado. Esto es especialmente cierto en contextos en los que existe una corrupción arraigada y vínculos estratégicos entre delincuencia organizada y funcionarios, lo que permite a los grupos delictivos operar y prosperar. Los grupos criminales organizados se apoyan en un estado de derecho débil para desarrollarse y operar libremente, pero el papel del Estado en esto no es solamente pasivo. Para mantener el poder, los grupos delictivos necesitan la aquiescencia del Estado mediante la impunidad o la colaboración a través de la corrupción, y se aseguran de ello mediante estrategias de coerción, colusión, infiltración, fuerza o amenazas. Esto puede producir un tipo específico de violencia, que tiende a ser más extrema en tiempos de cambio político y elecciones, como lo demuestra, por ejemplo, la violencia selectiva contra candidatos en las elecciones de varios estados de México.
La impunidad en contextos de crimen organizado y corrupción se deriva de tres factores que se intersectan. En primer lugar, en presencia de un Estado de derecho débil, de agencias estatales corruptas y del código de silencio de las bandas criminales (conocido en Centroamérica como “ver, oír y callar”), hay reticencia a denunciar delitos de las bandas por miedo a represalias violentas, que se acentúa por el temor de que agentes estatales corruptos o coaccionados filtren información a las bandas. En segundo lugar, habría desafíos prácticos para lograr respuestas eficaces, entre ellos la debilidad institucional y una falta de capacidad de respuesta al volumen de violencia generalizada. En tercer lugar, la corrupción de las instituciones y autoridades estatales impide que se haga justicia, socavando la confianza de la población en que las autoridades proporcionen una protección eficaz o garanticen la confidencialidad. No obstante, estos problemas deben entenderse como parte de fallas mucho mayores del Estado en cuanto a su responsabilidad de prevenir crímenes violentos, castigar delitos y proporcionar reparación legal.
Repercusiones negativas de las respuestas de seguridad
Las operaciones de seguridad del Estado y la respuesta a la delincuencia organizada pueden agravar la situación, restringir las libertades civiles y desplazar a los grupos criminales a zonas previamente no afectadas. Las respuestas represivas dirigidas al crimen organizado y actividades de bandas pueden tener el efecto adverso de provocar nuevos desplazamientos. Los jóvenes que viven en zonas afectadas por las bandas en El Salvador y Honduras huyen del acoso arbitrario, la violencia policial y de escuadrones de la muerte que hacen «limpieza social» matando a presuntos miembros de bandas, mientras que otros residentes huyen tras las redadas nocturnas, por temor a ser perseguidos ya sea por el crimen organizado o por la policía. Tanto en Honduras como en El Salvador, crecientes redadas y operaciones de seguridad en zonas urbanas afectadas por las bandas, han motivado que estas se trasladen a zonas rurales no afectadas previamente, lo que a su vez ha provocado la huida de algunos residentes rurales. Además, al responder a la violencia generalizada exclusivamente desde la seguridad, no se abordan sus causas profundas como la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación, ni se prepara a las personas para la resolución no violenta de conflictos. Aunque la reciente represión de las bandas criminales en El Salvador se ha traducido en una reducción de la violencia, muchas de las medidas adoptadas en el marco de esta respuesta represiva no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, y aún está por verse qué tan sostenible es este enfoque.[1]
Parte II. Dinámica del desplazamiento provocado por la violencia criminal
Huir de las amenazas
El desplazamiento es a menudo un efecto secundario de las actividades criminales, las amenazas y la violencia: las personas huyen para escapar de un riesgos crecientes. Esto puede obedecer a niveles acrecentados de violencia local o a una amenaza directa, donde la gente huye para escapar al violento cumplimiento de las demandas de las bandas. Gatillan el desplazamiento intentos de asesinato o ataques violentos, el asesinato de parientes cercanos o de la pareja, amenazas de muerte, extorsión, explotación sexual de menores, y presenciar crímenes. Quienes están en la mira de las bandas sufren riesgos de seguridad incrementados antes y después del desplazamiento, y pueden ser perseguidos por ellas para asegurar sus demandas o ejecutar castigos violentos. El nivel e inmediatez del riesgo y la medida en la que este persista tras el desplazamiento, dependen del nivel de gravedad que puedan tener estas “infracciones” a ojos de las bandas.
No cumplir con demandas de las bandas (p.ej. extorsión) o resistirse a su autoridd (p. ej. negarse a colaborar) puede resultar en amenaza o ejercicio de violencia y amenazas de muerte, lo cual suele provocar desplazamiento. Resistirse al reclutamiento forzoso es una afrenta a la autoridad de la banda y suele castigarse con el asesinato, extendiéndose los riesgos a los miembros de la familia. Ser testigo, denunciar un delito o cooperar con las autoridades son violaciones a la regla de silencio de las bandas, y quienes cooperan con las autoridades son vistos como traidores. Estas personas y sus familias corren el riesgo de ser asesinadas, riesgo que continúa tras el desplazamiento, ya que las bandas pueden perseguirlas incansablemente. Los niños, niñas y adolescentes que están en la mira para reclutamiento forzoso, colaboración o explotación sexual, en Centroamérica pueden ser enviados a vivir con familiares en otra parte del país, obligados a la autocontención (autoencarcelación, es decir, a vivir escondidos)[2] o a huir con su familia.
Hostigamiento según perfiles
Las personas con determinados perfiles pueden recibir la orden de salir porque un grupo criminal no las quiere en la zona, y otras verse obligadas a huir por la violencia o amenazas relacionadas con ella. Esto puede deberse a una característica innata como la sexualidad o identidad de género, que se rechaza por el machismo de los grupos delictivos. Por ejemplo, a las personas LGBT+ en el norte de Centroamérica se les puede ordenar que abandonen el territorio de las bandas. Otras personas pueden ser hostigadas debido a su trabajo, y ciertos grupos estarían expuestos a mayor riesgo de sufrir acoso, amenazas y violencia, como los periodistas que tratan temas de corrupción y crimen organizado, los defensores de derechos humanos y quienes trabajan en proyectos de prevención de violencia o proyectos juveniles. Los policías y militares y sus familias pueden verse obligados a huir. Las personas que ejercen determinadas profesiones pueden ser objeto de extorsión desproporcionada y, por tanto, recurrir al desplazamiento como respuesta. Esto incluye a trabajadores del transporte (conductores de autobús, taxistas), propietarios de pequeñas empresas y comerciantes ambulantes, así como a los maestros de escuela, que también pueden verse obligados a permitir el acceso de las bandas a las escuelas para actividades delictivas y falsificar calificaciones. Otros pueden ser extorsionados por sus servicios profesionales, como enfermeros y médicos que se ven obligados a atender clandestinamente a miembros de grupos criminales. Quienes tengan estos perfiles pueden enfrentar dificultades para restablecerse internamente y/o encontrar seguridad, aunque algunos Estados ofrezcan -en principio- mecanismos especiales de protección u oportunidades de reubicación para determinadas profesiones.
Desplazamiento deliberado
Los grupos criminales pueden emplear el desplazamiento como estrategia para tomar control de propiedades o tierras, obligando a familias o comunidades enteras a huir, lo que da lugar a una dinámica de desplazamiento algo distinta. Esto es perpetrado por actores variados en diversos contextos: desde la usurpación de una sola vivienda para propósitos criminales, hasta la toma de tierras para actividades delictivas o aparentemente ilegítimas. Los grupos expropian propiedades estratégicamente situadas para utilizarlas como miradores o lugares donde almacenar bienes ilícitos, o para que vivan los miembros de las bandas o sus familias. Desalojan por la fuerza a los residentes con amenazas de muerte o violencia real, y la policía suele mostrarse reacia a intervenir. En Honduras, las bandas callejeras expropian propiedades de este modo o para utilizarlas como ‘casas locas’, donde realizan actividades ilícitas, y en Ecuador los grupos delictivos se han apoderado de viviendas para consolidar su poder y desarrollar bases operativas.
Comunidades enteras o varias comunidades de una misma región pueden verse obligadas a huir por organizaciones criminales deseosas de controlar sus tierras para realizar actividades ilícitas, como narcotráfico o producción de contrabando transfronterizo de mercancías y personas. En los últimos años, miles de personas y numerosas comunidades han sido desplazadas forzosamente en Chiapas (México) a medida que los grandes grupos delictivos se disputan el control de zonas fronterizas y rutas terrestres estratégicas. También se provoca desplazamientos masivos para facilitar la intervención de los grupos delictivos organizados en la extracción de recursos y otras actividades aparentemente legítimas, ya sea con el fin de blanquear dinero o como fuentes de ingresos adicionales en su cartera: desde la minería de oro en Colombia a la ganadería en Honduras o la producción de aguacate en México. Para asegurarse el acceso a tales recursos, los grupos ordenan la salida de las comunidades. En Guerrero (México), numerosas comunidades rurales se han visto obligadas a huir por los grupos criminales, que se hacen con el control de regiones ricas en recursos como madera y metales preciosos.
Intersección de los factores de desplazamiento y límites difusos entre los perpetradores
La violencia criminal también puede entrecruzarse con otros factores de desplazamiento o fuentes de violencia. En algunos contextos habría líneas difusas entre el Estado y los actores criminales, donde los autores de la violencia pueden tener intereses comunes, los actores criminales pueden estar cooptados por actores estatales, o donde una serie de actores interrelacionados, incluidas empresas de seguridad privadas, grupos criminales y paramilitares, trabajan en complicidad con fuerzas de seguridad y entidades estatales a nivel local y/o nacional. Los agentes estatales o las élites locales pueden contratar a grupos delictivos como «seguridad» para forzar la realización de megaproyectos (minería, turismo, presas, etc.) con acoso y violencia o para dañar, asesinar o eliminar a la resistencia local y a los defensores de la tierra, como está ocurriendo en algunas partes de Honduras y México. Mientras que este tipo de proyectos y la violencia que se les asocia provocaría desplazamientos en la comunidad ampliada, los defensores pueden adoptar la inmovilidad como forma de resistencia.
Igualmente, la ampliación de las funciones criminales puede llevar a incursiones en nuevos mercados económicos, como la madera, minería y ganadería, provocando desplazamiento. Por ejemplo, los grupos de delincuencia organizada se han involucrado en la extracción de recursos naturales en estados ricos en recursos de México, provocando más violencia y desplazamiento. También hay líneas difusas en torno a algunos grupos de vigilancia parapolicial, policías comunitarias y grupos de autodefensa que se forman en respuesta a la presencia del crimen organizado. Mientras que algunas autodefensas formadas en Michoacán, México, en 2013 fueron absorbidas por las fuerzas estatales como policía rural, otras se transformaron en grupos criminales y se unieron a una serie de perpetradores de violencia interconectados, causando desplazamientos significativos y prolongados.
Cómo es el desplazamiento
Quienes corren un riesgo inmediato o inminente de sufrir violencia o persecución selectiva junto con sus familiares cercanos o parejas, tienden a huir de forma rápida y discreta,en general sin mucho tiempo para planificar. Este tipo de desplazamiento se produce de forma atomizada, o gota a gota, con personas o familias que se marchan de una en una, aunque estos desplazamientos resultarían en el abandono paulatino de calles o barrios enteros. Dado que un lugar seguro no es el mismo para todos, los movimientos de las personas son impredecibles y ostensiblemente aleatorios, pero sus decisiones y su trayectoria individual siguen la misma lógica de un plan de seguridad individual.
El desplazamiento interno en El Salvador y Honduras es precario, transitorio y a menudo se abandona por la huida transfronteriza. La falta de respuestas estatales y la penetración de las bandas y sus redes de comunicación hacen que las opcionesde huida interna sean limitadas. Por ello, el desplazamiento interno a menudo a menudo es ineficaz e insostenible, ya que las personas son incapaces de encontrar un seguridad genuina y duradera. Se puede observar tres características del desplazamiento: desplazamientos repetidos, con varias mudanzas temporales; ‘autoencarcelación’ (es decir, vivir escondidos); y abandono del desplazamiento interno por la huida transfronteriza.
Quienes se desplazan internamente lo hacen en un contexto de condiciones estatales que han permitido o posibilitado esta violencia, ya sea por corrupción e impunidad, debilidad del estado de derecho o incapacidad de prevenir violaciones de los derechos humanos y abordar la raíz de la violencia. Además de perpetuar la violencia, el hecho de que el Estado no ofrezca respuestas y protecciones efectivas a las víctimas de delitos significa que muchos desplazados internos no quieren o no pueden acceder a protección, y esto contribuye al desplazamiento y determina sus dinámicas. Quienes tienen medios económicos limitados pueden verse obligados a depender únicamente de su capital social durante el desplazamiento. Incluso puede ser que ni siquiera puedan viajar en busca de seguridad, por lo que recurran a la autocontención.
Puede haber demasiado miedo en la gente como para acudir al Estado en busca de protección, por el riesgo de que la información sea filtrada a los agresores por agentes estatales corruptos o coaccionados, y se produzcan represalias violentas o asesinatos. Las personas desplazadas internamente suelen temer el riesgo presente y la persecución que se produciría por parte de las bandas tras el desplazamiento. Además, quienes se desplazadan internamente pueden ser rechazados por la comunidad de acogida y hasta por familiares temerosos por su propia seguridad si ofrecen refugio, o incluso si hablan con los desplazados internos que llegan, como ocurre en algunas partes de Guerrero, México. Esta existencia clandestina y la reticencia de acercarse a las autoridades plantean importantes retos para garantizar la protección durante el desplazamiento. También dificultan el registro y seguimiento precisos de los desplazamientos, lo que afecta negativamente al desarrollo y aplicación de respuestas eficaces y medidas preventivas.
Victorie Knox es docente a la Universidad de Londres, Refugee Law Initiative. Este artículo se basa en sus investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción y el desplazamiento in Centroamérica, México y el Caribe llevadas en cabo desde 2011.
Traducción al español del artículo corto “Internal Displacement Caused by Violence Perpetrated by Organised Criminal Gangs and Networks: Drivers and Dynamics” publicado por primera vez el 27 de febrero de 2025.
PALABRAS CLAVE: PDIs, desplazamiento, Americas, violencia organizada, grupos criminales
Bibliografía seleccionada
Selected bibliography
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Cantor, David (2014) The New Wave: Forced Displacement Caused by Organized Crime in Central America and Mexico. Refugee Survey Quarterly, 33(3), pp. 34–68, https://doi.org/10.1093/rsq/hdu008
Knox, Vickie (2019) Gang violence, GBV and hate crime in Central America: State response versus State responsibility. Forced Migration Review, pp. 61-62.
[1] https://researchinginternaldisplacement.org/short_pieces/internal-displacement-caused-by-violence-perpetrated-by-organised-criminal-gangs-and-networks-drivers-and-dynamics/#_edn1
[2] https://researchinginternaldisplacement.org/short_pieces/internal-displacement-caused-by-violence-perpetrated-by-organised-criminal-gangs-and-networks-drivers-and-dynamics/#_edn2