Introducción
En los últimos años se ha producido un fuerte aumento de actores criminales y delincuencia en el Ecuador. La actividad de las organizaciones delictivas locales se disparó a principios de los 2020, parcialmente en conexión con cárteles internacionales de la droga. A medida que la actividad criminal crecía en frecuencia e intensidad, tanto ecuatorianos como migrantes y refugiados se vieron rodeados de violencia en niveles nunca antes experimentados en Ecuador. Los grupos criminales crecieron en número y tamaño y son responsables de masacres en cárceles, ataques con explosivos, extorsión generalizada de empresas y particulares en sus zonas de influencia, secuestros, sicariato y desalojo de lugares codiciados para establecer puestos de operaciones en enclaves urbanos. Cada vez se recluta a más niños y adolescentes para apoyar y llevar a cabo actos violentos.
Los niños se ven gravemente afectados por la violencia delictiva, sobre todo en zonas urbanas marginales. Los adolescentes y jóvenes afroecuatorianos y migrantes se han convertido en un objetivo particular de los grupos delictivos para proporcionar información, vender drogas o convertirse en agentes de amenazas y otros delitos. Las niñas y las adolescentes son reclutadas con fines sexuales y de otro tipo, en un contexto pospandémico de pobreza e insuficiencia de servicios sociales. Un informante o “campana” puede tener tan solo ocho años. A los adolescentes se les suelen «asignar» trabajos callejeros, incluida la ejecución de homicidios, mientras rangos más altos de las bandas quedan a buen recaudo. Además de estas formas flagrantes de trata de personas, un gran número de niños y adolescentes mueren por homicidio violento. Solo en 2023 fueron asesinados 770 niños, lo que supone un aumento del 640% de las muertes de menores de edad en los últimos cuatro años.
La situación de los refugiados y migrantes suele ser desesperada, ya que muchos viven en zonas desfavorecidas donde se han establecido grupos delictivos. Son objetivos frecuentes de la extorsión debido a la precariedad de su situación. Al depender de redes más débiles y recientemente establecidas, no son simples víctimas de la delincuencia; la violencia se convierte en un obstáculo adicional a su posible integración, prolongando así su desplazamiento.
En respuesta al aumento de la violencia, el gobierno ecuatoriano declaró un conflicto armado no internacional a principios de 2024 y varios estados de excepción. Policía y fuerzas armadas están encargadas de luchar contra las organizaciones criminales. Un los efecto de estos esfuerzos fue un descenso de la tasa de homicidios, que en 2024 fue un dieciséis por ciento inferior al máximo histórico del país en 2023. Sin embargo, en enero de 2025 las cifras subieron nuevamente. La percepción de impunidad de los actos criminales y la desconfianza en las instituciones han creado una sensación de vulnerabilidad entre los afectados por la violencia criminal. Además, al caso «Malvinas», donde se investiga una intervención militar contra adolescentes, se suman denuncias sobre violaciones de derechos desde que se declaró el conflicto.
En este contexto, se producen desplazamientos. Una nueva encuesta, “Desplazamiento Interno en Ecuador,” de la ONG 3iSolution, halló que de enero a diciembre de 2024, 82.876 personas mayores de quince años (910 personas por cada 100.000) reportaron haber sido desplazadas por la violencia armada y la inseguridad en Ecuador. La mayoría de los encuestados son hombres (59%), y el once por ciento son migrantes venezolanos. Forman parte de aproximadamente un cuarto de millón de personas que experimentaron desplazamiento interno en Ecuador por diversas razones en 2024, incluyendo 34.747 que huyeron de la violencia interpersonal.
Las razones para huir suelen ser amenazas o violencia sufrida de manos de grupos criminales. El informe de 3iSolution describe que, de los desplazados por la violencia, el treinta por ciento enfrentó a la extorsión, el once por ciento violencia sexual, el siete por ciento apropiación de bienes, el tres por ciento homicidio y tres por ciento reclutamiento forzoso. Familias enteras se desplazaron en el cuarenta y seis por ciento de los casos. Treinta y ocho por ciento de los desplazados internos se han desplazado varias veces. El cincuenta y cinco por ciento declaró haber sido desplazado en grupos de diez o más familias. Los desplazamientos forzosos no son exclusivamente internos; según los actores humanitarios consultados, varios líderes comunitarios y defensores de derechos humanos ecuatorianos amenazados han sido reasentados en el extranjero.
Lectura de tendencias
Los primeros esfuerzos por recopilar datos sobre desplazamientos internos o intención de movimiento dentro del Ecuador han sido emprendidos por organizaciones humanitarias. Las localidades con las tasas de homicidio más elevadas se encuentran en las provincias costeras, lo que concuerda con la opinión de los profesionales de que las principales rutas de desplazamiento son de ciudades en la región Costa a otras localidades costeras o ciudades de la sierra. También hay desplazamientos visibles desde las zonas mineras de la sierra sur y la región amazónica, donde los grupos criminales se dedican a la extorsión, el blanqueo de dinero y la apropiación de minas de oro informales.
Los patrones de desplazamiento parecen variar en respuesta al contexto y a las prácticas cambiantes de los grupos delictivos, que, a su vez, emprenden nuevas actividades o cambian de ubicación cuando se ven presionados por las fuerzas estatales, o tras establecer nuevas alianzas o romper las antiguas.
Según otro estudio (aún no publicado), en 2024 las provincias costeras y las de la sierra norte, y Azuay en el sur, eran simultáneamente lugares de expulsión y de acogida de grupos en riesgo. Por lo general, los desplazados buscan inicialmente quedarse en su provincia de residencia, pero consideran un destino más lejano si reaparece el peligro.
Esmeraldas, en la costa norte, está entre las provincias con alta rotación de población. El desplazamiento fue visible allí desde 2021; luego, a principios de 2024, la violencia disminuyó, como en el resto de Ecuador, aparentemente debido a la presencia militar, y luego fluctuó dependiendo de la presencia de las fuerzas del Estado. El cierre de negocios es una señal de alerta temprana para el desplazamiento de la población, ya que las «cuotas de protección» exigidas por el hampa a los empresarios formales e informales obligan a muchos a cerrar sus negocios. El impacto se extiende a puestos de trabajo, clientes y cadenas de suministro. Las personas desplazadas contactadas por informantes de ONG en el último año comparten ciertas características: la mayoría se marcha debido a amenazas a su vida por parte de grupos criminales y buscan pasar desapercibidos. El miedo al reclutamiento de menores es uno de los motivos de huida; según profesionales consultados, algunas familias envían a los adolescentes varones a vivir con familiares en otra ciudad para continuar su educación ahí.
Personas de todos los niveles de renta dan prioridad a la seguridad a la hora de elegir destino. A menudo se eligen ciudades de la Sierra, con menores tasas de homicidio, y algunas universidades ofrecen opciones de matrícula adaptadas a las necesidades de estudiantes del régimen educativo de la Costa.
Un fenómeno nuevo
En general, los ecuatorianos no entienden ni saben cómo afrontar los retos del desplazamiento. Pocos desplazados se han acercado a iglesias, servicios sociales u ONGs en busca de ayuda. Entre los primeros en obtener asistencia se encuentran los emigrantes venezolanos y refugiados colombianos que huyen de zonas violentas, ya que muchos conocen la existencia de ONGs que ofrecen asistencia con financiación externa. Sin embargo, su falta de conocimientos y acceso a recursos gubernamentales de apoyo hace que los ecuatorianos no suelan recibir apoyo ni protección durante el desplazamiento.
Los ecuatorianos desplazados suelen buscar refugio en casa de familiares que puedan recibirles durante un breve periodo de tiempo. Algunos se alojan temporalmente en albergues gestionados por ayuntamientos u organizaciones religiosas que, a su vez, necesitan apoyo. Vivienda, trabajo, servicios de salud (incluyendo salud mental) y reinserción escolar son necesidades acuciantes que, por lo general, siguen sin respuesta. La discriminación por parte de sus compatriotas ecuatorianos, que tienden a confundir a víctimas con victimarios, complica la búsqueda de empleo o vivienda. El debate sobre el desplazamiento en Ecuador está silenciado por miedo a la persecución, con grupos criminales presentes en varias provincias.
Sin postura oficial
Cuando el desplazamiento interno se intensifica debido a la violencia, como ocurre en Ecuador (además de Honduras, El Salvador y Guatemala en años recientes), los gobiernos están sujetos a ciertas obligaciones del derecho internacional, en particular de estándares internacionales de derechos humanos. Además de los esfuerzos emprendidos para proteger a sus poblaciones y minimizar el riesgo de desplazamiento, los Estados deben reconocer el desplazamiento como una cuestión humanitaria.
Sin embargo, el hecho de que miles de civiles se hayan visto obligados a desplazarse aún no había sido reconocido por el gobierno ecuatoriano a principios de 2025. El Decreto Ejecutivo Presidencial 493 del 2 de enero de 2025, que declaró el noveno estado de emergencia en un año en respuesta a la violencia criminal, no menciona al desplazamiento ni sus cifras. Se espera que la cuestión se aborde tras las elecciones presidenciales de abril de 2025 (el actual presidente se presenta a la reelección). Al momento de redactar este informe, sólo la Defensoría del Pueblo del Ecuador (el mecanismo nacional de protección de los derechos humanos) había recopilado información sobre casos de desplazamiento interno y realizado un estudio, en colaboración con ACNUR. Las conclusiones iniciales muestran que, entre los desplazados internos procedentes de zonas con altos índices de delincuencia, a su llegada a las comunidades de acogida, el 38,8% se alojó con familiares o amigos, mientras que el 6,1% permaneció en albergues. Sólo el 57,7% de los niños en edad escolar reanudaron su educación.
Mientras tanto, continúa la migración externa de ecuatorianos, con la violencia y sus efectos económicos como motores adicionales. Junto con la deportación, la emigración es ampliamente discutida en los medios de comunicación, pero no hay conciencia pública del desplazamiento interno. Otro tema actual, el aumento de las solicitudes de refugio presentadas por ecuatorianos en el extranjero, también ha pasado desapercibido.
Los actores humanitarios que esperan apoyar en la respuesta han pedido al gobierno ecuatoriano y a la comunidad internacional que reconozcan el problema, lo que a su vez permitiría solicitar ayuda internacional (aunque en un contexto de financiación difícil dados los cambios en la ayuda exterior estadounidense). La gestión del desplazamiento en la vecina Colombia y en el norte de Centroamérica pueden ser ejemplos útiles para que el Estado ecuatoriano aborde mejor las tareas pendientes: diseñar mecanismos nacionales de respuesta, asignar recursos, coordinar las iniciativas locales de asistencia, incluir la protección de la población desplazada en las estrategias gubernamentales y formar a los funcionarios públicos para que adapten los servicios sociales a las necesidades de las personas desplazadas internamente. El Ecuador también necesita normar el tema del desplazamiento interno en su legislación y políticas públicas.
Gabriela Malo es investigadora visitante en Refugee Law Initiative. Trabaja en temas de desplazamiento en Ecuador y tiene un Máster en Protección de Refugiados y Estudios de Migración Forzada por la Universidad de Londres, Escuela de Estudios Avanzados. Este breve artículo se basa en su investigación sobre el desplazamiento interno en Ecuador en la década de 2020.
Traducción al español del artículo corto “As Criminal Violence Grows, Ecuadorians Escape Internally: A Government Stance on Displacement is Pending” publicado por primera vez el 20 de marzo de 2025.
PALABRAS CLAVE: PDIs, desplazamiento, Americas, violencia organizada, grupos criminales
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