En el Ecuador ha aumentado en la década de 2020 la actividad de grupos criminales dedicados al narcotráfico transnacional, minería ilegal y actividades complementarias (secuestro, extorsión, sicariato, lavado de activos). En 2025, la acción de los grupos criminales colocaron al Ecuador en el más alto sitial de violencia de la región latinoamericana. Mientras que la respuesta gubernamental se ha concentrado en el empleo de la fuerza contra los grupos criminales, los habitantes de las zonas donde estos actúan sufren extorsiones, ataques y amenazas de reclutamiento, en medio de niveles de violencia que no se habían conocido antes. Ante la ausencia de respuestas estatales a sus problemas, un número creciente opta por escapar.
El desplazamiento de los ecuatorianos se produce mayormente dentro del país, aunque un número indeterminado de ecuatorianos cruzan fronteras e incluso solicitan refugio debido a la violencia. También se desplazan, interna o externamente, personas que migraron desde países como Venezuela o Colombia o solicitaron refugio en el Ecuador, y que residían en zonas donde los grupos criminales están activos. La situación de la población desplazada internamente es precaria. No se denuncia la violencia por desconfiar de las instituciones de justicia, y el desplazamiento ocurre en silencio, debido al miedo que producen los grupos criminales.
En un contexto del que se tiene escasa información y donde el desplazamiento interno por violencia criminal es poco comprendido por la población y los tomadores de decisiones, este trabajo aporta a la comprensión de un fenómeno en el que las familias dependen de su propia iniciativa y capital social para decidir si desplazarse y a dónde ir. Se analizan las responsabilidades del Estado ante el desplazamiento interno, constatando que con pocas excepciones, no existe una respuesta nacional ante este fenómeno. Como ejemplo de se describe uno de los pocos casos de desplazamiento masivo que han tenido visibilidad pública: el caso de los indígenas Chachi en la provincia de Esmeraldas.
El análisis se nutre de descripciones del desplazamiento interno en países de la región, y de información sobre su vivencia en el Ecuador provista por liderazgos comunitarios, gobiernos locales y organizaciones. Enfatiza la necesidad de una respuesta de protección, con políticas públicas adaptadas, rectoría, recursos, registro y coordinación estatal. Como complemento, describe lo deseable de la asistencia local y las dificultades de financiamiento. Al diferirse la respuesta nacional, los riesgos para la población incluyen el agravamiento de su situación vulnerable y de las barreras de acceso a servicios sociales básicos, el deterioro del tejido social y las fracturas causadas por nuevas discriminaciones, y la necesidad de seguir desplazándose.
Gabriela Malo es investigadora y profesional especializada en el ámbito del desplazamiento forzado en América del Sur, particularmente en Ecuador. Su experiencia abarca el trabajo con organismos de las Naciones Unidas, así como con organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la ayuda humanitaria y al desarrollo. Es investigadora visitante en la Refugee Law Initiative y miembro afiliado de la Cátedra IDRC de Investigación sobre Migración y Desplazamiento Forzado de la Universidad del Pacífico (Lima).
PALABRAS CLAVE: Desplazamiento interno, violencia, crimen organizado, gobierno, gobiernos autónomos descentralizados
