Introducción
Los grupos criminales han impulsado una ola de desplazamientos en el norte de Centroamérica – El Salvador, Honduras y Guatemala. En 2014, la escalada de llegadas de refugiados de estos países a la frontera sur de EE.UU. atrajo el interés de los medios de comunicación mundiales; y llamó la atención sobre el papel de los grupos criminales en el impulso del desplazamiento. Pero los niveles de desplazamiento interno en estos pequeños países también han sido significativos y continuos. En 2024, al menos 318.600 personas estaban desplazadas internamente sólo en El Salvador y Honduras.
Diez años después, ¿qué lecciones más amplias nos ofrece este contexto regional para entender y responder a los desplazamientos internos relacionados con la violencia de grupos criminales? En estos países, tales grupos han incluido bandas callejeras violentas -como las afiliadas a las identidades MS-13 y Barrio 18- y organizaciones delictivas locales dedicadas al tráfico transfronterizo de mercancías, así como cárteles mexicanos de la droga. Este breve documento identifica cuatro lecciones principales que ilustran por qué etiquetar a estos grupos como «criminales» no debería servir para distraernos de su potencial para impulsar patrones de desplazamiento de la población.
Los grupos criminales como «actores armados»
En los países del norte de Centroamérica, ha sido posible analizar cómo estos grupos criminales impulsan el desplazamiento, entendiéndolos como grupos armados organizados que operan en contextos localizados donde la autoridad del Estado está atenuada. Estas situaciones muestran grandes similitudes con los conflictos armados de baja intensidad. Por ejemplo, presentan niveles comparables de violencia en los lugares «calientes». Del mismo modo, tanto los grupos criminales del norte de Centroamérica como las partes en conflictos como el de Colombia dependen de actividades económicas ilícitas (y sus objetivos «políticos» son tenues). Asimismo, en ambos casos, el Estado contribuye a la violencia (a menudo utilizando fuerzas militares y policiales) y, en última instancia, trata a los grupos armados opositores como «criminales». No se trata de que las situaciones de violencia en el norte de Centroamérica sean «conflictos armados» (aunque algunos podrían calificarse como tales). Más bien, al tratar a los grupos criminales como actores armados estratégicos como los de los conflictos, podemos comprender mejor cómo contribuyen a las crisis de desplazamiento.
Por ejemplo, está claro que sólo ciertos tipos de grupos criminales impulsan el desplazamiento a gran escala. En el norte de Centroamérica, son los que persiguen, aunque de forma incoherente, el control de las poblaciones locales de formas que incluyen el uso o la amenaza de la violencia (pero no necesariamente se limitan a ella). Sin embargo, incluso entre estos grupos criminales, también se observan diferencias considerables entre los distintos tipos -por ejemplo, bandas, grupos de traficantes locales y cárteles mexicanos- en términos de estructura, localidad, escala, objetivos y métodos. Por ejemplo, en el norte de Centroamérica, las clicas de las principales bandas callejeras violentas han tendido a ser pequeñas, relativamente indisciplinadas y pobres, localizadas en unas pocas manzanas cuadradas de zonas urbanas y a menudo actúan de forma depredadora hacia los habitantes. Por el contrario, los grupos dedicados al tráfico transfronterizo han tendido a ser más grandes, mejor organizados y mejor dotados de recursos; operan en extensas zonas predominantemente rurales y suelen actuar de forma menos depredadora con los habitantes. Como veremos, estas particularidades determinan la consiguiente dinámica de desplazamiento en las respectivas zonas.
Dinámicas y perfiles del desplazamiento
En el norte de Centroamérica, los «puntos calientes» del desplazamiento han tendido a concentrarse en zonas urbanas. Suele ser también atomizado y preventivo, como en el caso de individuos o familias que huyen de la amenaza de muerte por ser percibidos como traidores, rivales o informantes o, en el caso de las bandas, por resistirse a la extorsión o a su amplia gama de reglas arbitrarias. No suele interesar al grupo ilícito permitir que alguien viva y se marche de la zona. Por ello, las personas desplazadas con estos perfiles se enfrentan a graves riesgos de protección si regresan a sus hogares o son localizadas por el grupo (y algunas son efectivamente perseguidas). Sin embargo, las personas también abandonan las zonas donde este tipo de grupos operan debido a temores preventivos más difusos sobre la inseguridad, con lo que a menudo sufren pérdidas económicas. Por último, en ocasiones los grupos delictivos desplazan a las personas intencionadamente para ocupar tierras o viviendas. Del mismo modo, cuando dos o más grupos se disputan el control de la zona, no sólo aumentan la amenaza de violencia que subyace a los desplazamientos «cotidianos», sino que a menudo ordenan desplazamientos masivos como forma rápida de deshacerse de cualquier habitante «sospechoso».
Por último, en ocasiones los grupos delictivos desplazan a las personas intencionalmente para ocupar sus tierras o viviendas. Del mismo modo, cuando dos o más grupos se disputan el control de una zona, no solo aumentan la amenaza de violencia que subyace a los desplazamientos «cotidianos», sino que a menudo ordenan desplazamientos masivos como forma rápida de deshacerse de habitantes «sospechosos».
En estos contextos, la naturaleza diferenciada y a menudo selectiva de la violencia que subyace a los desplazamientos crea distintos perfiles de necesidades de protección entre los desplazados, basados principalmente en el grupo criminal del que huyen y en qué circunstancias. Por ejemplo, los jóvenes procedentes de barrios pobres vuelven a interesar a los grupos delictivos presentes en las zonas a las que se desplazan o, en general, son vulnerables a la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Del mismo modo, el conservadurismo en cuestiones de sexo y género que impera en toda la sociedad (incluidas las bandas y el Estado) puede aumentar los riesgos de protección para las mujeres y las personas LGBTIQ+. Pueden observarse estrategias de evasión extremas tanto después del desplazamiento como antes de la huida, con jóvenes en situación de riesgo que se confinan, permaneciendo escondidos en la casa familiar durante semanas o incluso meses. Las necesidades de protección, así como los patrones de desplazamiento, pueden ser muy diferentes.
Respuesta a la crisis de desplazamiento
El Estado es un actor ambiguo en la violencia que afecta a estos países. La limitada capacidad de sus instituciones civiles, la agresiva violencia de sus fuerzas de seguridad y el grado de infiltración de elementos criminales (de tal manera que no siempre se le puede separar claramente de estos) son factores que contribuyen a la crisis de desplazamiento. Los grupos criminales no son los únicos impulsores de la violencia y el desplazamiento en este caso. De hecho, en muchos aspectos, el Estado actúa como un Estado implicado en un conflicto de baja intensidad (e incluso a veces intenta negociar acuerdos con las estructuras de las bandas, como en El Salvador en 2020). Pero también hay diferencias. Por ejemplo, el hecho de que las fuerzas de seguridad salvadoreñas en 2022 pudieran, en cuestión de meses, entrar en territorios de las pandillas y localizar, arrestar y detener a todos los presuntos pandilleros (y también a muchos jóvenes inocentes) y “pacificar” esas localidades, indica que, para un Estado decidido a tomar medidas extremas (y probablemente ilegales), el “control” territorial de las pandillas era más endeble que el de los grupos armados no estatales en situaciones de conflicto. Al mismo tiempo, las perspectivas de que el Estado u otros actores pacten y mantengan con los grupos delictivos acuerdos «humanitarios» o de acceso parecen relativamente más limitadas.
En este contexto, «reconocer» el desplazamiento como una cuestión humanitaria (y no solo como una forma de suprimir delitos) puede suponer un reto, dada la preocupación de los gobiernos por el impacto político resultante. Sin embargo, abordar las necesidades de los desplazados mediante disposiciones penales para víctimas de delitos resulta ineficaz cuando el desplazamiento se produce a gran escala, o cuando se exige a los desplazados que denuncien primero un delito (negando así la protección a las numerosas personas que se desplazan preventivamente en este contexto y acarreándoles peligros adicionales como “informantes”). En cambio, al adoptar leyes específicas sobre desplazamiento, Honduras y El Salvador han podido adaptar mejor la respuesta de protección y asistencia a las necesidades de las personas afectadas por el desplazamiento. Dadas las escaseces de recursos en cada país, estos marcos legales también resultan útiles para priorizar las intervenciones en función de las necesidades de estas poblaciones. En ambos países, ACNUR -la agencia de la ONU para los refugiados- ha desempeñado un papel importante en el apoyo al desarrollo de esta respuesta.
La situación del norte de Centroamérica en 2014: ¿una aberración?
Resulta tentador considerar al norte de Centroamérica en 2014 como paradigmático del desplazamiento impulsado por grupos criminales. Pero, aunque ese contexto suscitó un gran interés, no fue estático a lo largo del tiempo. Las bandas y los grupos de traficantes son muy adaptables, y su forma de operar y de usar la violencia pueden cambiar con bastante rapidez, a menudo en respuesta a factores externos. De hecho, el aumento de los desplazamientos en el norte de Centroamérica a mediados de la década de 2010 refleja un cambio de escala y métodos de extorsión practicados por las bandas en las zonas urbanas. Igualmente, en las zonas rurales, reflejó parcialmente la repentina introducción de un tipo brutal de violencia por parte de los cárteles mexicanos rivales y sus apoderados que buscaban apoderarse de las rutas de tráfico. Las recientes detenciones masivas en El Salvador, por el contrario, han reducido drásticamente el margen de maniobra de las bandas (aunque no queda claro si la medida es sostenible). Así pues, en estos contextos la criminalidad no debe considerarse endémica o inmutable, sino que hay que reconocer la posibilidad de que se produzcan rápidos cambios al variar las condiciones subyacentes, tal como sucede en las dinámicas de conflicto.
A su vez, en términos regionales, el norte de Centroamérica no es una aberración. En los últimos diez años, en otras partes de las Américas los grupos criminales han generado desplazamientos significativos, en zonas de México, Brasil, Venezuela y bajo el paraguas del conflicto armado en Colombia. Esto también es cada vez más evidente en Ecuador. En Haití, la desintegración de la autoridad del Estado ha provocado el desplazamiento interno de más de un millón de personas, muchas de ellas varias veces, a medida que las bandas criminales depredadoras consolidan su poder en un vacío de autoridad estatal. De hecho, el cambio hacia la criminalidad como motor clave en la dinámica de la violencia social organizada es evidente en toda América. Pero los grupos criminales violentos operan y producen desplazamiento en contextos de débil autoridad estatal en muchas otras partes del mundo. En Nigeria, por ejemplo, extensos ataques de bandas criminales armadas en el Estado del Noroeste han obligado a la gente a huir de sus hogares. Paralelamente, muchos conflictos armados internos en el mundo son moldeados en aspectos importantes por los esfuerzos que hacen los actores armados por controlar las economías ilícitas. La República Democrática del Congo es un trágico ejemplo entre otros muchos de vidas perdidas y personas desplazadas.
Mirando al futuro
La oleada de desplazamiento de 2014 en el norte de Centroamérica no fue una anomalía temporal y, en algunos de esos países, continúa hasta hoy. Tampoco fue una anomalía geográfica: grupos criminales armados de características similares están presentes en muchos otros países del mundo. Allí donde pretenden controlar a las poblaciones locales en lugares ostensiblemente «pacíficos» pero violentos, donde la autoridad del Estado es débil, es probable que surjan dinámicas de desplazamiento forzado como resultado de las actividades de dichos grupos y/o de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo mismo ocurre cuando operan bajo el paraguas de conflictos armados más consolidados. Por último, debemos estar alerta también ante el involucramiento de grupos criminales armados en proyectos de desarrollo que generan sus propios desplazamientos. El hecho de que califiquemos de «criminales» a grupos como las bandas, las organizaciones de traficantes y los cárteles no debe impedirnos ver las consecuencias sociales y humanitarias más amplias de sus actividades, que incluyen al desplazamiento.
David Cantor es Profesor y Director de Refugee Law Initiative y su Programa de Investigación en Desplazamiento Interno. Este artículo corto tiene como base principal sus investigaciones sobre conflicto, violencia y desplazamiento en las Américas desde 2004.
Traducción al español del artículo corto “Criminal Groups and Internal Displacement: What Lessons Can We Learn from Central America Ten Years On?” publicado por primera vez el 20 de febrero de 2025.
PALABRAS CLAVE: PDIs, desplazamiento, Americas, violencia organizada, grupos criminales
Bibliografía seleccionada
Cantor, David (2023) Criminal Groups and A Decade of Displacement in Central America and Mexico. Brown Journal of World Affairs. 29(1), pp. 1-19.
Cantor, David (2018) Returns of Internally Displaced Persons during Armed Conflict: International Law and its Application in Colombia. Leiden: Martinus Nijhoff.
Cantor, David (2016) As deadly as armed conflict? Gang violence and forced displacement in the Northern Triangle of Central America. Agenda Internacional, 23 (34). pp. 77-97.
Cantor, David (2014) The New Wave: Forced Displacement Caused by Organized Crime in Central America and Mexico. Refugee Survey Quarterly, 33(3), pp. 34–68, https://doi.org/10.1093/rsq/hdu008
Knox, Vickie (2019) Gang violence, GBV and hate crime in Central America: State response versus State responsibility. Forced Migration Review, pp. 61-62.
United Nations High Commissioner for Refugees (2018) Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of asylum-seekers from Guatemala, https://www.refworld.org/policy/countrypos/unhcr/2018/en/120120.